jueves, 9 de marzo de 2017

La violencia política no discrimina a ninguna mujer.
Obligan al INE, OPLEs locales, partidos y agrupaciones políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar este delito.
La Cámara de Senadores aprobó un dictamen para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.
El proyecto de decreto, que se aprobó con 90 votos a favor, incorpora a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.
En el documento, se define a la violencia política en razón de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su cargo o función del poder público.
El dictamen plantea que este tipo de agresión se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida.
También obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito.
Con las reformas se prohíbe que, en la propaganda política o electoral de partidos políticos, coaliciones y candidatos, se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.
El dictamen, también sugiere el aumento de las penas hasta en una mitad, en los tipos penales señalados en las fracciones III, IV, VII y XVI del artículo 7, IV y VIII del artículo 8, y I y VI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando dichas conductas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política.
Es decir, entre otros supuestos, cuando se obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, altere los resultados electorales, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato.
También busca asegurar la postulación efectiva de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria. Asimismo, garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos, en aquellas entidades federativas, en que la legislación así lo establezca.
La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, advirtió que “la violencia política es una de las más grandes injusticias que vivimos las mujeres” y afecta al conjunto de la misma sociedad, pues se le restringen sus derechos político-electorales al no permitir que su representante sea quien tome las decisiones y ejerza el cargo que le ha sido conferido por la ciudanía.
Para el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez, se trata de “uno de los problemas más lamentables de nuestra vida política”, y pidió “cambios significativos” en instituciones públicas y partidos políticos para garantizar igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el poder público.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, expresó que es un dictamen histórico, ya que busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género; y sostuvo que “esta alcanza a todos los partidos, por ello es importante reformar las leyes”.


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